SOLUCIONES JURÍDICAS

Los actos administrativos han sido definidos por la doctrina como “las manifestaciones de voluntad de la administración tendientes a modificar el ordenamiento jurídico, es decir, a producir efectos jurídicos”, de manera que, el acto administrativo debe tener por objeto crear, modificar o extinguir una situación jurídica subjetiva que recaigan en cabeza de una persona o personas determinadas, respecto de las cuales se modifica una situación jurídica que las afecta en forma positiva o negativa de manera directa, veamos los siguientes ejemplos; el acto administrativo por medio del cual se reconoce una pensión de jubilación, el acto que impone una sanción disciplinaria, el acto administrativo que reconoce unas cesantías, los actos de terminación, interpretación o modificación unilateral de un contrato, el acto de liquidación unilateral de un contrato, el acto que impone una sanción por incumplimiento de obligaciones tributarias, entre otros.

Consiste en que una persona directamente o por intermedio de apoderado, solicita al juez que declare que un acto administrativo es violatorio de una norma jurídica superior por cualquiera de las causales de nulidad, y que, por consiguiente, decrete su anulación. Esta acción no tiene término de caducidad y procede contra todos los actos administrativos siempre que se persiga preservar la legalidad en abstracto, la defensa de la Constitución, la ley o el reglamento

Consiste en que una persona perjudicada por un acto administrativo solicita al juez que decrete la nulidad de ese acto por ser contrario a una norma jurídica superior, pero que, además, se le restablezca en su derecho o se le repare el daño. Sólo la puede interponer el afectado con la decisión de la administración, y, el término de caducidad es de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto administrativo.

Consiste en que la persona que acredite interés podrá pedir directamente la reparación de un daño causado por la administración, cuando la causa de la petición sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos, la cual, deberá instaurarse dentro de los dos (2) años contados a partir del día siguiente del suceso que origino el daño, empero, cuando se deriva del delito de desaparición forzada, se contara a partir de la fecha en que aparezca la víctima o en su defecto en la ejecutoria del fallo penal definitivo.

Consiste en que cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenaciones o restituciones contractuales; que se ordene su revisión; que se declare su incumplimiento y que se ordenen al contratante responsable a indemnizar lo perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenaciones, el termino de caducidad es de dos (2) años posteriores al vencimiento del plazo para la liquidación unilateral, en los casos en que el contrato se liquida bilateralmente de forma extemporánea se contabilizará a partir del día siguiente al de la firma del acta liquidación, y, en los casos que en los que no se realiza liquidación alguna se deberá contar una vez vencidos los dos meses que da la ley luego del vencimiento del término convencional o legal dispuesto para realizar la liquidación bilateral del contrato.